La Contraloría General de la República (CGR) adelanta un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial al Estado estimado en $29.233.543.516, relacionado con la ejecución del proyecto de mejoramiento de la vía Ciénaga de Oro–Chimá–Tuchín, en el departamento de Córdoba.
De acuerdo con el Auto 0826 del 18 de mayo de 2023, conocido por el medio Burbuja Política, la entidad ordenó el cierre de la indagación preliminar y dio apertura al proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el contrato de obra 0011 del 25 de mayo de 2018, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
El contrato, cuyo objeto era el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro, Chimá y Tuchín, fue adjudicado por $102.548.945.171 y posteriormente recibió una adición presupuestal de $7.919.660.741, aprobada el 28 de septiembre de 2021.
Presuntos responsables del proceso
Dentro del proceso aparecen como presuntos responsables fiscales la exalcaldesa de Ciénaga de Oro, Ana Luz Bedoya Usta; el actual alcalde, Alejandro Mejía Castaño; el secretario de Obras Públicas del municipio, Fray Fernando Fuentes; así como varios contratistas e integrantes de los consorcios encargados de la ejecución e interventoría del proyecto.
La obra fue ejecutada por el Consorcio CDO Vial, integrado por las empresas INTEC de la Costa, Inversiones Grandes Vías e Ingeniería, Obras Maquinaria y Equipos Tres SAS, Miguel Camilo Castillo Baute y DBD Ingeniería SAS.
La interventoría estuvo a cargo del Consorcio Interciénaga, conformado por Armando Rafael Bula Otero, B y C Constructores SAS y Cayena Consultores e Interventores SAS.
Hallazgos de la Contraloría
En el Auto 0826, la Contraloría señala que encontró elementos que permitirían establecer la existencia de un daño patrimonial al Estado, derivado de una gestión considerada antieconómica, ineficaz e ineficiente.
Según el documento, el proyecto habría presentado un abandono injustificado de las obras, pese a haber recibido adiciones presupuestales y múltiples prórrogas, situación que habría provocado el deterioro de los trabajos ejecutados y el incremento de los costos del proyecto.
Como resultado de estos hallazgos, el organismo de control estimó el presunto daño fiscal en $29.233 millones.
El proceso continúa
La investigación tuvo su origen el 15 de octubre de 2021, cuando la Contraloría abrió una indagación preliminar. Posteriormente, el 8 de junio de 2022, el expediente fue asignado a la Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Hasta el momento, el Auto del 18 de mayo de 2023 corresponde a una de las actuaciones conocidas dentro del expediente. Sin embargo, permanece el interrogante sobre si existen nuevas decisiones o avances procesales posteriores por parte de la Contraloría General de la República, así como el estado actual del proceso en la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba.
Es importante precisar que la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal no constituye una declaración de responsabilidad definitiva. La investigación continúa su curso y serán las autoridades competentes las que determinen, mediante las decisiones correspondientes, si existe o no responsabilidad fiscal de las personas vinculadas al expediente.
