¿Cambiar el sistema político… o eludir responsabilidades?
El presidente Gustavo Petro lanzó una de las propuestas más ambiciosas —y polémicas— de su mandato: convocar una asamblea nacional constituyente para “cambiar el sistema político”. Una frase de alto impacto que, lejos de generar consenso, ha encendido las alarmas en distintos sectores del país.
El argumento central del Gobierno es conocido: la necesidad de erradicar la corrupción y transformar las estructuras del Estado. Pero aquí es donde surge una pregunta incómoda, aunque inevitable: ¿con qué autoridad moral se impulsa ese cambio cuando el propio gobierno está rodeado de cuestionamientos?
El caso de Nicolás Petro Burgos, investigado por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial, no es un asunto menor ni aislado. Es, para muchos, un golpe directo a la credibilidad del discurso anticorrupción. A esto se suman escándalos recientes en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que han puesto en duda la capacidad del Estado —y del actual gobierno— para controlar prácticas que prometieron erradicar.
En ese contexto, hablar de “cambiar el sistema político” puede interpretarse menos como una solución y más como una distracción. Porque antes de rediseñar el Estado, la exigencia básica de cualquier democracia es clara: gobernar con transparencia y responder por los hechos del presente.
La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos donde reformas profundas del sistema político han terminado concentrando poder, debilitando instituciones y reduciendo los contrapesos democráticos. Por eso, la desconfianza no es gratuita: es una reacción lógica frente a propuestas de alto calibre impulsadas en medio de crisis de credibilidad.
Esto no significa que el sistema político colombiano no necesite reformas. Las necesita. Pero una constituyente no puede convertirse en un atajo para rehacer las reglas del juego sin un amplio consenso nacional ni garantías sólidas.
El verdadero problema no es la idea de cambiar el sistema. El problema es desde dónde se plantea ese cambio y bajo qué condiciones. Porque cuando la bandera de la lucha contra la corrupción se levanta en medio de escándalos, el mensaje pierde fuerza y gana sospecha.
Hoy más que nunca, el país necesita respuestas, no promesas. Necesita resultados concretos, no discursos estructurales. Y, sobre todo, necesita confianza. Sin ella, cualquier intento de “cambiar el sistema político” corre el riesgo de ser visto no como una transformación, sino como una jugada de poder.
No pensamos cambiar la Constitución de 1991, pensamos agregarle dos capítulos: el capítulo de las reformas sociales que no dejaron aprobar en el Congreso y el capítulo del cambio del sistema político para erradicar la corrupción y dejarla en el pasado. pic.twitter.com/sGRVp3DOVo
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026
