Corte Suprema perfila caso contra Martha Peralta: ponencia describe presunta red de “votos por contratos” en el escándalo de la UNGRD
Una ponencia de la magistrada Cristina Lombana, revelada por SEMANA, concluye que existen múltiples elementos probatorios que vincularían a la senadora Martha Peralta Epieyú con una presunta estrategia de intercambio de apoyo legislativo por contratos y nombramientos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque el documento no solicita medida de aseguramiento en su contra, expone chats, testimonios, registros forenses y contratos que sustentan la investigación por presuntos hechos de corrupción.
Corte Suprema expone pruebas sobre presunta participación de Martha Peralta en el caso UNGRD
La investigación por el millonario escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa escalando y ahora tiene en el centro a la senadora Martha Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico, cuya situación jurídica es analizada por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con una ponencia de la magistrada Cristina Lombana, revelada por la revista SEMANA, el alto tribunal decidió abstenerse, por ahora, de solicitar una medida de aseguramiento contra la congresista. Sin embargo, el documento desarrolla una amplia relación de pruebas que, según la investigación, comprometerían a Peralta en una presunta estructura criminal que habría utilizado recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso.
La ponencia sostiene que existe «abundante material probatorio» que demostraría reuniones entre altos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el propósito de consolidar mayorías legislativas para impulsar las reformas promovidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La estrategia de «votos por contratos»
Uno de los aspectos centrales de la investigación corresponde al supuesto mecanismo denominado por la Corte como «votos por contratos». Según la ponencia, la estrategia habría estado dirigida especialmente a congresistas de la Comisión Séptima del Senado, donde se discutía la reforma pensional.
El documento señala que, siguiendo instrucciones del entonces ministro Luis Fernando Velasco, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López —quien ha confesado su participación en hechos de corrupción— sostuvo una reunión con Martha Peralta en el Congreso de la República.
Según la investigación, López manifestó que su misión era «acompañar» a los congresistas que respaldaran la reforma pensional. La Corte considera que la senadora habría comprendido el alcance de esa propuesta y aceptado participar en la presunta organización criminal.
Chats y listado de 23 recomendados
Uno de los principales soportes probatorios corresponde a la extracción forense del teléfono celular de Olmedo López.
En esos registros aparecen conversaciones de WhatsApp con un contacto identificado como «MAIS Martha Peralta Presidente Nacional», en las cuales, según la investigación, López solicitó perfiles profesionales para vincularlos a la entidad.
La ponencia asegura que la senadora respondió enviando un listado con 23 personas, incluyendo nombres, documentos de identidad, profesiones y datos de contacto, quienes presuntamente serían contratados en la UNGRD a cambio del respaldo político a la reforma pensional.
Entre esos casos figura Carmen Domitilia Iguarán, descrita por la propia congresista como una persona cercana a su proyecto político y quien posteriormente fue contratada por la entidad.
Conversaciones en Signal y contratos de maquinaria
La investigación también incluye la extracción forense del teléfono de Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD.
Los registros muestran conversaciones mediante la aplicación Signal entre Pinilla y Peralta, incluso cuando el escándalo ya era de conocimiento público.
Según la Corte Suprema, durante la ejecución del programa de mantenimiento de jagüeyes en La Guajira, la congresista habría recomendado proveedores específicos de maquinaria amarilla para ejecutar los contratos.
La ponencia sostiene que Peralta no solo trasladaba necesidades de su departamento, sino que direccionaba directamente qué contratistas debían ser considerados por la entidad.
Como resultado de esas gestiones, señala el documento, se habría expedido una orden de proveeduría cercana a los 2.125 millones de pesos a favor de una empresa relacionada con esos proveedores.
El programa Hambre Cero también hace parte de la investigación
La Corte también examina la presunta intervención de la senadora en el programa Hambre Cero, destinado a suministrar alimentos a comunidades vulnerables.
De acuerdo con la investigación, Peralta habría solicitado modificar el protocolo de operación para que las juntas de acción comunal fueran las encargadas de seleccionar a las comunidades beneficiarias en La Guajira, permitiendo un mayor control político sobre la distribución del programa.
La supuesta instrumentalización de las llamadas ollas comunitarias estaría respaldada por registros forenses obtenidos durante la investigación a Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Recursos para una marcha política
Otro de los capítulos descritos en la ponencia corresponde a la denominada «Marcha por la Defensa del Agua», realizada el 27 de septiembre de 2023.
Según el documento judicial, desde la UNGRD habrían sido destinados aproximadamente 434 millones de pesos para la realización del evento en La Guajira.
La magistrada sostiene que, aunque la movilización fue convocada por el presidente Gustavo Petro a nivel nacional, en ese departamento habría sido utilizada para promover intereses políticos y respaldar candidatos cercanos a Martha Peralta durante la campaña para las elecciones regionales de 2023.
La defensa de la senadora
Durante las diligencias de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Peralta negó cualquier participación en el saqueo de la UNGRD.
No obstante, según la información revelada, en varios momentos de los interrogatorios optó por ejercer su derecho constitucional a guardar silencio frente a algunas preguntas formuladas por los magistrados.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema continúa evaluando el expediente para determinar los pasos procesales que seguirán dentro de la investigación.
