Radican proyecto de ley para eliminar el cobro del SOAT a motocicletas de hasta 250cc: el Estado asumiría el costo
En medio del creciente debate sobre los costos que enfrentan millones de motociclistas en Colombia, fue radicado un proyecto de ley que busca eliminar el cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos. La iniciativa plantea que sea el Estado quien asuma el pago de esta obligación, una medida que podría transformar el panorama de movilidad y economía para miles de familias del país.
La propuesta surge en un contexto donde la motocicleta se ha convertido en el principal medio de transporte para trabajadores, estudiantes y pequeños comerciantes, especialmente en regiones donde el transporte público resulta insuficiente o costoso. Según sus impulsores, el objetivo es aliviar la carga económica que representa el SOAT para quienes dependen diariamente de estos vehículos para generar ingresos y movilizarse.
El proyecto ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que la medida representa un alivio social necesario frente al alto costo de vida, otros advierten sobre el impacto fiscal que tendría para el Estado asumir el pago del seguro de millones de motocicletas en el país.
Analistas señalan que la discusión también abre un debate más amplio sobre la seguridad vial y la sostenibilidad financiera del sistema de atención a víctimas de accidentes de tránsito. Las motocicletas representan actualmente uno de los mayores índices de accidentalidad en Colombia, por lo que expertos insisten en que cualquier reforma debe ir acompañada de estrategias de prevención, control y educación vial.
De aprobarse, el proyecto beneficiaría principalmente a motociclistas de bajos y medianos ingresos, quienes en muchos casos destinan una parte importante de sus recursos al pago anual del seguro obligatorio. Además, podría incentivar la formalización de vehículos que hoy circulan sin SOAT por falta de capacidad de pago.
La iniciativa comenzará ahora su trámite en el Congreso, donde se espera un intenso debate político y económico alrededor de una propuesta que toca directamente el bolsillo de millones de colombianos.
