Petro propone convertir $11 billones de la deuda de Nueva EPS en deuda pública: ¿rescate al sistema de salud o nueva carga para el país?
La crisis financiera de Nueva EPS volvió a sacudir el debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano. Luego de que la entidad intervenida revelara un déficit patrimonial superior a los $5 billones y obligaciones que rondan los $22 billones, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta que promete abrir una nueva controversia política y económica: que el Estado asuma cerca de la mitad de esa deuda como deuda pública nacional.
Según el mandatario, alrededor de $11 billones corresponden a obligaciones que la Nación nunca reconoció plenamente y que hoy deben ser incorporadas a las cuentas oficiales del Estado para garantizar la continuidad del sistema de salud.
«La mitad de la deuda de Nueva EPS corresponde a la Nación», afirmó Petro, al pedir al Ministerio de Hacienda reconocer ese pasivo y convertirlo en un proyecto estratégico financiado con recursos públicos.
La propuesta implica un hecho de alto impacto fiscal. El propio presidente admitió que la deuda pública aumentaría, aunque sostuvo que no se trataría de crear una nueva obligación, sino de reconocer una deuda que, según su interpretación, ya existe.
Petro aprovechó el anuncio para lanzar una nueva crítica al modelo de aseguramiento construido durante las últimas décadas, al señalar que la crisis de Nueva EPS es el resultado de un sistema de intermediación financiera privada que, a su juicio, permitió el deterioro progresivo de las finanzas del sector salud.
Los recursos, explicó, deberían destinarse prioritariamente al pago de hospitales públicos, medicamentos, centros de salud y obligaciones con el personal sanitario.
Sin embargo, la propuesta abre múltiples interrogantes. Si el Gobierno asume esos $11 billones, el impacto recaería directamente sobre las finanzas públicas y el presupuesto nacional, en un momento en que Colombia enfrenta restricciones fiscales y un creciente nivel de endeudamiento. La discusión ya no sería únicamente sobre el rescate de una EPS, sino sobre quién debe responder por las fallas estructurales del sistema de salud.
Mientras tanto, Nueva EPS aseguró que adelanta un proceso de saneamiento financiero y depuración contable para recuperar su sostenibilidad, aunque sus estados financieros evidencian la magnitud de una crisis acumulada durante varios años.
El debate apenas comienza. Para el Gobierno, reconocer esa deuda significaría corregir una obligación histórica del Estado. Para sus críticos, podría convertirse en un millonario salvamento financiado con recursos públicos, cuyas consecuencias fiscales y políticas aún están por definirse.
